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Jurisprudencia en México

Descubre qué es la jurisprudencia en México

Evolución de la Jurisprudencia, Reforma y su Impacto Constitucional

En el marco jurídico mexicano, la jurisprudencia no solo es una fuente de derecho, sino un eje articulador del sistema judicial. Su evolución ha sido el reflejo de la necesidad de hacer más eficiente, accesible y coherente la interpretación de la ley.

En los últimos años, este concepto ha atravesado una transformación profunda que culminó con la reforma constitucional publicada el 11 de marzo de 2021, cambiando radicalmente la forma en que se crea y aplica la jurisprudencia en México.

Este artículo aborda en profundidad qué es la jurisprudencia en México, su transformación histórica, el impacto de la reforma judicial de 2021 y cómo esto afecta a todos los actores del sistema judicial. A lo largo del texto, integraré mi experiencia directa con la reforma y sus consecuencias prácticas, destacando tanto sus avances como sus puntos débiles.

¿Qué es la jurisprudencia en México?

La jurisprudencia en México es el conjunto de criterios interpretativos emitidos por los órganos del Poder Judicial de la Federación, que son obligatorios para otros tribunales al momento de resolver casos similares. Funciona como un mecanismo de estandarización legal, asegurando uniformidad en la aplicación del derecho.

Hasta hace poco, estos criterios se volvían obligatorios mediante procesos técnicos como la reiteración (cinco sentencias consecutivas con el mismo criterio sin contradicción), las contradicciones de tesis y otros mecanismos regulados.

Esta estructura, sin embargo, resultaba en muchos casos ineficiente para la protección de los derechos de los ciudadanos, quienes se veían obligados a litigar reiteradamente para consolidar un criterio judicial aplicable a su caso.

El concepto de jurisprudencia ha evolucionado en el tiempo, transitando de ser una simple herramienta técnica a convertirse en una verdadera fuente normativa de carácter constitucional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha jugado un papel clave como órgano de interpretación constitucional, y la jurisprudencia ha sido su principal vehículo para establecer estándares legales obligatorios.

Evolución histórica de la jurisprudencia en el sistema jurídico mexicano

La jurisprudencia en México tiene raíces en el modelo germánico-romano, donde las leyes codificadas predominan, pero los criterios judiciales van adquiriendo fuerza por su reiterada aplicación. Inicialmente, la SCJN y otros tribunales federales emitían criterios que se volvían obligatorios solo cuando cumplían con requisitos formales como la reiteración de sentencias.

Este modelo, si bien aseguraba cierta seguridad jurídica, resultaba extremadamente rígido. Era común que se prolongaran años de litigios hasta consolidar un criterio obligatorio, lo que iba en detrimento de la justicia pronta y expedita.

Un ejemplo práctico, antes de la reforma, para que un criterio fuera considerado jurisprudencia debía probarse en cinco casos distintos. Esto generaba no solo un desgaste para los litigantes, sino una innecesaria saturación del sistema judicial. El proceso era lento, engorroso y muchas veces inconcluso.

A lo largo de los años, las demandas por una justicia más accesible y eficiente provocaron reformas. Pero fue hasta 2021 cuando se planteó un cambio estructural profundo con un nuevo modelo: el sistema de precedentes obligatorios, inspirado parcialmente en sistemas anglosajones.

La reforma judicial de 2021: un cambio paradigmático

El 11 de marzo de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reformó diversos artículos de la Constitución para establecer una nueva estructura para el Poder Judicial de la Federación, y con ello, un nuevo modelo para la creación de jurisprudencia. Entró en vigor el 1º de mayo del mismo año con el Acuerdo General 1/2021.

Esta reforma eliminó mecanismos como la reiteración para la SCJN y colocó en su lugar un sistema de precedentes obligatorios. Desde entonces, las sentencias emitidas por la Suprema Corte se convierten en obligatorias siempre que sean aprobadas por una mayoría calificada (8 votos en Pleno, 4 en Salas).

En mi experiencia, esta modificación agilizó procesos. Casos que antes requerían múltiples etapas para consolidar un criterio ahora pueden beneficiarse de una sentencia única con fuerza vinculante. Esto reduce la carga del litigio repetitivo, acorta tiempos y fortalece la seguridad jurídica de los justiciables.

Otro aspecto clave fue la desaparición de los Plenos de Circuito, que fueron sustituidos por los nuevos Plenos Regionales. Estos nuevos órganos tienen la función de resolver contradicciones de criterios entre tribunales de su región, consolidando así interpretaciones uniformes dentro de su jurisdicción.

Métodos de creación de jurisprudencia antes y después de la reforma

Antes de la reforma:

  • Reiteración: Cinco sentencias consecutivas con el mismo criterio y sin contradicción.
  • Contradicción de tesis: Resolución de criterios discrepantes entre tribunales.
  • Interrupción: Un fallo en sentido contrario anulaba la jurisprudencia previa.
  • Sustitución: Un nuevo criterio que reemplazaba uno anterior por decisión explícita del órgano emisor.

Después de la reforma:

  • Precedentes obligatorios: La SCJN en pleno o en salas establece jurisprudencia de manera directa con sus sentencias.
  • Reiteración: Limitada a los Tribunales Colegiados de Circuito, que deben emitir cinco sentencias unánimes.
  • Contradicción de criterios: Se mantiene y puede resolverse en Plenos Regionales.
  • Interrupción: Los tribunales pueden apartarse de su propia jurisprudencia, pero deben justificar el cambio con argumentos sólidos.

Esta transformación introdujo una lógica más ágil y adaptable. Ahora, una sola sentencia puede tener efectos vinculantes, lo cual en mi experiencia profesional ha significado una mayor claridad al litigar y una mejor defensa de los derechos de los ciudadanos, especialmente en temas constitucionales o de derechos humanos.

El papel de los Plenos Regionales y los Tribunales Colegiados de Apelación

Los Plenos Regionales, nacidos con esta reforma, sustituyen a los Plenos de Circuito y tienen como objetivo emitir criterios obligatorios en su región. Esto reduce la carga de trabajo de la SCJN, permitiéndole enfocarse en asuntos de mayor relevancia nacional. Se integran por tres magistrados de circuito ratificados, con un encargo de tres años.

Paralelamente, se sustituyeron los Tribunales Unitarios de Circuito por los nuevos Tribunales Colegiados de Apelación, también integrados por tres magistrados. Esta modificación tiene como fin fortalecer la deliberación y enriquecer la toma de decisiones mediante el debate colegiado.

Ambas figuras buscan descentralizar y especializar el ejercicio de la justicia. He observado que esta redistribución mejora la rapidez de respuesta de los tribunales y permite una mayor uniformidad jurídica a nivel regional, algo especialmente valioso en estados con alta carga de trabajo judicial.

Publicación y difusión de la jurisprudencia: el Semanario Judicial de la Federación

Con el Acuerdo General 1/2021, también se redefinió cómo deben publicarse las tesis en el Semanario Judicial de la Federación, para garantizar claridad, acceso y transparencia. Cada tesis debe contener:

  • Rubro: Tema central tratado.
  • Narración de hechos: Breve y concreta.
  • Criterio jurídico: Resolución aplicada al caso.
  • Justificación: Argumentos que sostienen la decisión.
  • Datos de identificación: Número de tesis, órgano emisor y votación.

Además, las contradicciones de criterios incluyen los datos de las tesis contendientes y las votaciones específicas. Esta formalización ha mejorado significativamente la accesibilidad y el uso práctico de las tesis. Como litigante, ahora es más fácil encontrar y citar jurisprudencia de forma clara y con sustento adecuado.

Impacto de la reforma en la protección de derechos y acceso a la justicia

La reforma judicial de 2021 ha tenido un impacto profundo en la protección de los derechos humanos y el acceso a la justicia. El sistema de precedentes obligatorios permite que una sentencia de la SCJN beneficie de inmediato a otros ciudadanos en situaciones similares, sin necesidad de repetir procesos.

Antes de esta reforma, como lo viví personalmente, la búsqueda de justicia podía requerir años de litigios repetidos. Hoy, una sentencia firme de la Corte puede convertirse en el respaldo necesario para resolver un caso similar en tribunales inferiores. Esto no solo empodera al ciudadano, sino que reduce el desgaste económico y emocional que implica un proceso judicial prolongado.

Además, al desahogar trabajo de la SCJN, esta puede enfocarse en casos de trascendencia constitucional, lo cual refuerza su papel como Tribunal Constitucional. Esta especialización mejora la calidad del análisis jurídico y eleva el estándar de protección de los derechos fundamentales.

Críticas y desafíos del nuevo sistema jurisprudencial

A pesar de sus beneficios, la reforma no está exenta de críticas. Uno de los principales señalamientos es la ambigüedad en la facultad de atracción de casos por parte de la SCJN. Según el artículo 81 Fracción II de la Ley de Amparo, la Corte puede atraer asuntos que revistan “interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos”. Sin embargo, no se definen los criterios para evaluar ese “interés excepcional”.

Esto abre la puerta a decisiones discrecionales, lo que puede erosionar la confianza en la imparcialidad del tribunal. En otras jurisdicciones, como en España, esta facultad existe pero se encuentra regulada con criterios explícitos. La falta de esa definición en México es un error de fondo que debería corregirse para evitar interpretaciones arbitrarias.

Además, el modelo de precedentes, aunque útil, se aproxima más a un sistema de common law. Esto podría generar tensiones dentro del marco de un sistema de derecho civil como el mexicano, que no está plenamente adaptado a resolver casos con base exclusiva en criterios anteriores.

Conclusiones: hacia una justicia más eficiente y coherente

La reforma constitucional de 2021 representa un avance sustancial en la consolidación del Estado de Derecho en México. Fortalece el papel de la SCJN como tribunal constitucional, reduce la carga de trabajo innecesaria, mejora la uniformidad jurídica y acelera la protección de derechos fundamentales.

Desde mi experiencia, el sistema de precedentes ha demostrado ser una herramienta efectiva para dinamizar la justicia y proteger de manera más eficiente los intereses de los ciudadanos. Sin embargo, también requiere ajustes, especialmente en el ámbito de la regulación de las facultades discrecionales de la Corte.

La implementación efectiva de los Plenos Regionales, los Tribunales Colegiados de Apelación y un sistema de publicación de jurisprudencia más accesible, son pasos en la dirección correcta.

A medida que este nuevo modelo se consolide, será indispensable mantener un enfoque crítico, ético y técnico para garantizar que se cumplan los objetivos de justicia pronta, completa e imparcial, que no solo estén plasmados en la ley, sino que se vivan en cada sala de juicio del país.