Casos en los que sí procede promover un ampara y cuándo no …
Si una autoridad vulneró tus derechos mediante una ley, una multa, una clausura, una orden judicial, una omisión o cualquier otro acto que afecte directamente tu esfera jurídica, es normal preguntarse cuándo conviene promover un amparo.
La respuesta corta es que conviene promover un juicio de amparo cuando existe una violación a derechos humanos o garantías constitucionales y el orden jurídico permite acudir a este medio de defensa para obtener la protección del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, no todos los actos pueden impugnarse de inmediato, ni todos los casos siguen las mismas reglas.
En algunos asuntos será necesario agotar previamente los recursos ordinarios previstos por la ley, mientras que en otros el amparo podrá promoverse de forma inmediata para evitar daños de difícil o imposible reparación. También existen diferencias importantes entre el amparo directo y el indirecto, así como plazos que deben respetarse para no perder el derecho de acudir a este procedimiento.
Precisamente por ello, antes de presentar una demanda resulta conveniente conocer cómo presentar una demanda de amparo y analizar tres aspectos fundamentales:
- Si el acto realmente vulnera un derecho reconocido por la Constitución o por los tratados internacionales.
- Si el acto puede reclamarse mediante juicio de amparo o primero debe agotarse otro medio de defensa.
- Si todavía se está dentro del plazo legal para promoverlo.
En esta guía conocerás cuándo procede un juicio de amparo, cuáles son los casos más comunes, cuándo resulta recomendable promoverlo y qué aspectos deben revisarse antes de acudir ante un Juez de Distrito o un Tribunal Colegiado.
¿Qué es el juicio de amparo y cuál es su finalidad?
El juicio de amparo es el principal mecanismo de protección constitucional en México. Su finalidad consiste en proteger a las personas frente a normas generales, actos u omisiones que vulneren los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte.
En términos sencillos, el amparo funciona como un medio de control constitucional que permite revisar si una autoridad actuó dentro de los límites que establece la ley o si, por el contrario, excedió sus facultades afectando los derechos del gobernado.
Aunque muchas personas asocian el amparo únicamente con sentencias judiciales, su alcance es mucho más amplio. También puede promoverse contra leyes inconstitucionales, actos administrativos, omisiones de autoridades e incluso frente a determinados actos realizados por particulares cuando ejercen funciones equivalentes a las de una autoridad.
Por ejemplo, un juicio de amparo puede ser procedente cuando una autoridad:
- Clausura un establecimiento sin respetar el procedimiento legal.
- Impone una multa claramente desproporcionada.
- Ordena un embargo sin cumplir las formalidades constitucionales.
- Niega un medicamento indispensable para un tratamiento médico.
- Aplica una ley que contraviene derechos fundamentales.
- Omite resolver una solicitud dentro del plazo previsto por la ley.
La protección que ofrece el juicio de amparo no busca únicamente declarar ilegal un acto. Su objetivo principal consiste en restituir a la persona afectada en el pleno ejercicio de sus derechos y evitar que la violación continúe produciendo consecuencias.
Uno de los aspectos más relevantes del sistema mexicano de amparo es que, en determinadas circunstancias, el Poder Judicial puede intervenir antes de que el daño se vuelva irreversible. Para ello existe la figura de la suspensión del acto reclamado, la cual puede impedir que la autoridad continúe ejecutando el acto mientras se resuelve el fondo del asunto.
Precisamente por esa capacidad preventiva, el juicio de amparo se ha convertido en una de las herramientas jurídicas más importantes para controlar el ejercicio del poder público y garantizar el respeto a los derechos humanos.
¿Cuándo conviene promover un amparo?
No toda inconformidad con una decisión de autoridad justifica la presentación de un juicio de amparo. Este medio de defensa resulta conveniente cuando existe una afectación real, personal y directa sobre derechos protegidos por la Constitución y no existe otro mecanismo legal que deba agotarse previamente o, en su caso, ya fue agotado.
En otras palabras, el juicio de amparo no sustituye los procedimientos ordinarios previstos por cada materia. Su función consiste en revisar si un acto, una ley o una omisión vulneran derechos constitucionales.
Antes de presentar una demanda conviene verificar aspectos como:
- Que exista un acto concreto que produzca una afectación jurídica.
- Que dicho acto provenga de una autoridad o de un particular equiparado a ella.
- Que la afectación sea actual y no únicamente hipotética.
- Que el plazo legal para promover el amparo continúe vigente.
- Que, cuando la ley lo exija, previamente se hayan agotado los recursos ordinarios correspondientes.
Antes de iniciar el procedimiento también resulta indispensable identificar contra qué actos se puede promover un amparo en México, ya que no toda actuación de autoridad puede reclamarse por esta vía.
Uno de los errores más frecuentes consiste en pensar que cualquier resolución desfavorable puede impugnarse mediante amparo. En realidad, la Ley de Amparo establece reglas específicas sobre los actos reclamables y sobre los casos en los que primero deben agotarse otros medios de defensa.
También resulta importante valorar la urgencia del asunto. Cuando el acto reclamado puede ocasionar daños irreparables —como una demolición, una deportación, la pérdida definitiva de un derecho o una privación de la libertad— el juicio de amparo adquiere una importancia especial, ya que puede solicitarse la suspensión para impedir que el daño se consume antes de que exista una sentencia.
En cambio, si todavía existe un recurso ordinario eficaz que permita corregir la violación, generalmente será necesario utilizarlo antes de acudir al juicio constitucional.
Por ello, determinar el momento adecuado para promover un amparo no depende únicamente de que exista una injusticia, sino de identificar correctamente el tipo de acto reclamado, los recursos disponibles y el procedimiento previsto por la legislación aplicable.
Casos en los que sí procede promover un juicio de amparo
El juicio de amparo puede promoverse frente a una amplia variedad de actos que afectan derechos fundamentales. Aunque cada asunto requiere un análisis individual, existen ciertos supuestos que con mayor frecuencia justifican acudir a este mecanismo constitucional.
Amparo contra leyes inconstitucionales
Uno de los casos más importantes ocurre cuando una ley, reglamento, decreto o cualquier otra norma general vulnera derechos reconocidos por la Constitución.
En estos supuestos, el problema no necesariamente radica en la actuación de una autoridad específica, sino en el propio contenido de la norma.
Por ejemplo, una disposición legal podría establecer restricciones desproporcionadas al ejercicio de un derecho, imponer cargas contrarias al principio de igualdad o afectar garantías constitucionales sin una justificación válida.
Dependiendo del tipo de norma, el amparo podrá promoverse desde que entra en vigor (normas autoaplicativas) o hasta que exista un primer acto de aplicación (normas heteroaplicativas). Esta diferencia resulta especialmente relevante porque influye directamente en el plazo para presentar la demanda.
Los amparos contra normas generales son frecuentes en materias fiscal, administrativa, sanitaria y regulatoria, donde nuevas disposiciones legales pueden generar afectaciones inmediatas sobre particulares o empresas.
Amparo contra actos arbitrarios de autoridad
La mayoría de los juicios de amparo se presentan contra actos concretos realizados por autoridades administrativas, judiciales o de cualquier órgano del Estado.
Estos actos pueden consistir en decisiones que exceden las facultades legales de la autoridad o que se ejecutan sin respetar las garantías constitucionales del gobernado.
Algunos ejemplos comunes son:
- Clausuras administrativas sin fundamento legal.
- Multas excesivas o desproporcionadas.
- Embargos ilegales.
- Aseguramientos de bienes.
- Cancelación de permisos o licencias.
- Órdenes de verificación emitidas sin cumplir los requisitos legales.
- Actos de fiscalización arbitrarios.
- Órdenes de aprehensión que vulneran derechos fundamentales.
Cuando una autoridad actúa fuera de los límites establecidos por la Constitución o por la ley, el juicio de amparo constituye el instrumento idóneo para solicitar la protección judicial y, en su caso, detener temporalmente los efectos del acto mediante la suspensión.
Amparo contra omisiones de autoridad
No todas las violaciones constitucionales provienen de una acción. En muchas ocasiones, el problema consiste precisamente en que la autoridad deja de cumplir una obligación que la ley le impone.
Las omisiones también pueden afectar derechos fundamentales y, bajo determinados supuestos, ser reclamadas mediante juicio de amparo.
Esto ocurre, por ejemplo, cuando una autoridad:
- No responde una petición presentada conforme a derecho.
- Se niega injustificadamente a emitir una resolución.
- Incumple una obligación legal relacionada con servicios públicos.
- Retrasa indebidamente la entrega de medicamentos o tratamientos médicos.
- Omite ejecutar resoluciones cuya aplicación resulta obligatoria.
En este tipo de asuntos, la afectación surge por la inactividad de la autoridad. Precisamente por ello, el juicio de amparo permite solicitar que se ordene el cumplimiento de la obligación correspondiente cuando esa omisión vulnera derechos protegidos por la Constitución.
En la siguiente parte analizaremos otros supuestos relevantes, como las violaciones al debido proceso, las sentencias definitivas, los casos en los que no conviene promover un amparo y las reglas del principio de definitividad, aspectos que suelen determinar el éxito o fracaso de este medio de defensa.
¿Cuándo no conviene promover un amparo?
Así como existen situaciones en las que el juicio de amparo representa el medio de defensa adecuado, también hay casos en los que presentarlo de inmediato puede resultar improcedente o incluso provocar la pérdida de tiempo y recursos.
Uno de los errores más comunes consiste en asumir que cualquier acto de autoridad puede impugnarse mediante amparo. Sin embargo, la Ley de Amparo establece diversos supuestos de improcedencia y exige cumplir ciertos requisitos antes de acudir al Poder Judicial de la Federación.
En términos generales, no conviene promover un amparo cuando todavía existe un recurso ordinario eficaz que permita corregir la violación reclamada, salvo que la propia ley contemple una excepción.
Tampoco suele ser recomendable presentar una demanda cuando:
- La afectación todavía no existe y únicamente se trata de una posibilidad futura.
- El acto reclamado ya dejó de producir efectos jurídicos.
- No existe una afectación personal, directa o un interés legítimo reconocido por la ley.
- El plazo para promover el amparo ya transcurrió.
- La ley establece otro medio de defensa que debe agotarse previamente.
Por ejemplo, si una autoridad administrativa impone una multa y la legislación prevé un recurso administrativo que permite revisar su legalidad, generalmente será necesario utilizar primero ese mecanismo antes de acudir al juicio de amparo.
Del mismo modo, cuando un juicio civil, mercantil, laboral o administrativo aún se encuentra en trámite y la resolución impugnada puede combatirse mediante apelación u otro recurso previsto por la ley, normalmente el amparo todavía no será procedente.
Esto no significa que el ciudadano quede desprotegido. El sistema jurídico busca que cada autoridad tenga la oportunidad de revisar primero sus propias decisiones antes de que intervenga el Poder Judicial Federal.
No obstante, existen excepciones importantes. Cuando el acto pueda ocasionar daños irreparables, afecte derechos fundamentales de manera inmediata o la propia Ley de Amparo permita acudir directamente a este medio de defensa, el principio de definitividad puede dejar de ser exigible.
Precisamente por ello, antes de promover un juicio de amparo resulta indispensable identificar correctamente cuál es el acto reclamado y verificar si existe algún recurso previo que deba agotarse.
Principio de definitividad, ¿debo agotar otros recursos antes de promover un amparo?
Uno de los conceptos más importantes en materia de amparo es el principio de definitividad. Comprender su funcionamiento puede marcar la diferencia entre una demanda admitida y una que sea desechada o sobreseída.
Este principio establece que, como regla general, el juicio de amparo únicamente procede cuando previamente se agotaron todos los medios ordinarios de defensa que la legislación aplicable pone a disposición del afectado.
En otras palabras, el amparo no fue diseñado para sustituir recursos administrativos, apelaciones o revisiones que ya existen dentro de cada procedimiento.
Por ejemplo:
- En materia administrativa puede ser necesario interponer un recurso de revisión o de inconformidad.
- En materia civil suele existir el recurso de apelación.
- En asuntos laborales determinadas resoluciones cuentan con medios de impugnación propios.
- En procedimientos fiscales existen recursos específicos previstos por la legislación tributaria.
La lógica detrás de este principio es sencilla: permitir que la propia autoridad o el órgano competente corrijan la posible ilegalidad antes de acudir al control constitucional.
Sin embargo, esta regla no es absoluta. Existen diversos casos en los que el juicio de amparo puede promoverse sin necesidad de agotar recursos previos, entre ellos:
- Cuando el recurso ordinario no resulta eficaz para reparar la violación.
- Cuando el acto reclamado produce daños de imposible reparación.
- Cuando la propia Ley de Amparo establece una excepción.
- Cuando la violación afecta directamente derechos fundamentales cuya protección requiere una intervención inmediata.
Por ello, antes de presentar la demanda conviene analizar cuidadosamente cuál es la vía procedente. Promover un amparo sin revisar el principio de definitividad puede ocasionar que el órgano jurisdiccional determine que todavía no era el momento adecuado para acudir al juicio constitucional.
¿Cuál es el plazo para promover un amparo?
Además de identificar correctamente el acto reclamado, resulta indispensable conocer los plazos para promover un amparo en México.
En términos generales, el plazo para promover un juicio de amparo es de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del acto reclamado o desde que el afectado tenga conocimiento de este.
Sin embargo, esta regla general admite diversas excepciones. Dependiendo del tipo de acto, la naturaleza de la violación o la materia del asunto, la Ley de Amparo contempla plazos distintos e incluso casos en los que la demanda puede presentarse en cualquier momento.
Por ejemplo, existen reglas especiales tratándose de:
- Actos que afectan la libertad personal.
- Desaparición forzada.
- Incomunicación.
- Deportación o expulsión.
- Aplicación de normas autoaplicativas.
- Personas menores de edad o pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, en determinados supuestos.
Precisamente por esa variedad de escenarios, nunca resulta conveniente asumir que siempre existen quince días para presentar la demanda.
En la práctica, uno de los problemas que con mayor frecuencia impide obtener la protección constitucional consiste en dejar transcurrir el plazo legal creyendo erróneamente que aún existe tiempo para acudir al amparo.
Por ello, cuando exista una posible violación a derechos fundamentales, lo recomendable es analizar inmediatamente el caso para determinar cuál es el término aplicable y evitar que el derecho de acción se extinga por el simple transcurso del tiempo.
¿Qué es la suspensión del acto reclamado y cuándo solicitarla?
Uno de los mayores beneficios que ofrece el juicio de amparo consiste en solicitar la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, medida que puede evitar daños irreparables.
Esta figura cautelar tiene como finalidad impedir que la autoridad continúe ejecutando el acto mientras el órgano jurisdiccional resuelve si efectivamente existe una violación constitucional.
En otras palabras, la suspensión funciona como una medida de protección temporal. Su objetivo no consiste en declarar quién tiene la razón, sino evitar que durante el trámite del juicio se produzcan daños que después resulten imposibles o muy difíciles de reparar.
La suspensión adquiere especial importancia cuando el acto reclamado puede ocasionar consecuencias irreversibles.
Por ejemplo:
- Demolición de un inmueble.
- Clausura inmediata de un negocio.
- Ejecución de un embargo.
- Privación de la libertad.
- Expulsión del territorio nacional.
- Cancelación de un permiso indispensable para continuar una actividad económica.
- Actos que afecten gravemente la salud o la integridad de una persona.
En muchos de estos casos, aunque posteriormente el amparo sea concedido, el daño ya habría ocurrido si no existiera una medida cautelar que lo evitara.
Por esa razón, la solicitud de suspensión suele presentarse desde la propia demanda de amparo, permitiendo que el juez analice de manera inmediata si existen elementos suficientes para conservar las cosas en el estado en que se encuentran mientras se resuelve el fondo del asunto.
No obstante, la suspensión no procede automáticamente en todos los casos. El órgano jurisdiccional debe valorar distintos requisitos legales, el interés social, el orden público y la naturaleza del acto reclamado antes de determinar si resulta procedente concederla.
Diferencias entre el amparo directo y el amparo indirecto
Una de las dudas más frecuentes consiste en comprender la diferencia entre amparo directo e indirecto, ya que de ello depende elegir la vía correcta.
Aunque ambos tienen como finalidad proteger derechos constitucionales, cada uno procede contra actos distintos y es resuelto por órganos jurisdiccionales diferentes.
| Aspecto | Amparo Directo | Amparo Indirecto |
|---|---|---|
| ¿Contra qué procede? | Sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio. | Leyes, actos de autoridad, omisiones y actos fuera de juicio. |
| ¿Quién lo resuelve? | Tribunal Colegiado de Circuito. | Juez de Distrito. |
| ¿Cuándo se presenta? | Al concluir el procedimiento y agotarse los recursos ordinarios. | Durante el procedimiento o frente a actos independientes del juicio. |
| Finalidad | Revisar la constitucionalidad de la resolución definitiva. | Proteger derechos frente a actos que producen una afectación inmediata. |
| Ejemplos | Sentencia civil definitiva, laudo laboral o resolución administrativa final. | Clausuras, embargos, órdenes de aprehensión, leyes inconstitucionales, omisiones de autoridad o multas arbitrarias. |
Si deseas conocer el procedimiento completo, puedes consultar cómo se tramita un amparo directo. Para los actos de autoridad, leyes u omisiones también conviene revisar cómo se tramita un amparo indirecto.
La elección de una u otra vía no depende de la voluntad del promovente, sino del tipo de acto que pretende impugnarse. Presentar un amparo directo cuando correspondía uno indirecto —o viceversa— puede retrasar significativamente la protección judicial e incluso generar problemas procesales.
Por ello, identificar correctamente la naturaleza del acto reclamado constituye uno de los primeros pasos para determinar cuál es el procedimiento adecuado y evitar errores que afecten el resultado del juicio.
¿Qué se necesita para promover un juicio de amparo?
Aunque el juicio de amparo es uno de los mecanismos más importantes para proteger los derechos humanos en México, no basta con considerar que una autoridad actuó de manera injusta. La Ley de Amparo exige que se cumplan determinados requisitos para que el órgano jurisdiccional pueda analizar el fondo del asunto.
Entre los principales requisitos destacan los siguientes:
Existencia de un acto reclamado
El primer requisito consiste en identificar claramente cuál es el acto que se pretende combatir. Puede tratarse de:
- Una ley.
- Un reglamento.
- Una resolución judicial.
- Un acto administrativo.
- Una omisión de autoridad.
- Una actuación de un particular equiparado a autoridad.
Lo importante es que dicho acto produzca una afectación concreta sobre la esfera jurídica del promovente.
Afectación personal o interés legítimo
El juicio de amparo protege derechos concretos.
Por ello, normalmente debe acreditarse que el acto reclamado afecta directamente al promovente.
Sin embargo, la reforma constitucional en materia de derechos humanos amplió la posibilidad de acudir al amparo mediante la figura del interés legítimo, permitiendo que determinadas personas puedan impugnar actos que afectan situaciones jurídicas especiales o intereses colectivos, aun cuando no exista un derecho subjetivo tradicional.
Esta evolución ha tenido especial importancia en materias como:
- Medio ambiente.
- Salud.
- Urbanismo.
- Transparencia.
- Derechos colectivos.
Presentar la demanda dentro del plazo legal
Como se explicó anteriormente, respetar los plazos resulta indispensable. En muchos asuntos el derecho para promover el juicio puede perderse únicamente por dejar transcurrir el término previsto por la Ley de Amparo.
Por ello, una de las primeras tareas consiste en determinar cuál es el plazo aplicable según la naturaleza del acto reclamado.
Identificar correctamente a la autoridad responsable
Otro requisito fundamental consiste en señalar qué autoridad emitió el acto reclamado. Dependiendo del asunto puede tratarse de:
- Autoridades administrativas.
- Autoridades judiciales.
- Autoridades legislativas.
- Organismos constitucionales autónomos.
- Particulares que ejerzan funciones equivalentes a las de una autoridad.
Una identificación incorrecta puede generar retrasos procesales e incluso afectar el desarrollo del juicio.
Errores frecuentes al promover un juicio de amparo
Muchas demandas de amparo fracasan no porque la persona carezca de razón, sino porque se cometen errores procesales que pudieron evitarse desde el inicio.
Estos son algunos de los más comunes.
No agotar previamente los recursos ordinarios
Uno de los errores más frecuentes consiste en presentar el amparo sin revisar si la ley exige agotar previamente un recurso administrativo, una apelación u otro medio de defensa.
Cuando el principio de definitividad resulta aplicable, esta omisión puede provocar que el juicio sea desechado o sobreseído.
Dejar pasar el plazo
Esperar demasiado tiempo para acudir al Poder Judicial es otro problema recurrente. Muchas personas consideran que todavía pueden promover el amparo cuando el término legal ya concluyó.
Una revisión oportuna del plazo correspondiente puede marcar la diferencia entre conservar o perder el derecho de acción.
Elegir incorrectamente entre amparo directo e indirecto
Cada modalidad del juicio tiene reglas específicas. Promover un amparo directo cuando corresponde uno indirecto —o viceversa— puede retrasar considerablemente la protección constitucional e incluso generar problemas procesales que afecten el resultado del asunto.
No solicitar la suspensión cuando resulta necesaria
Existen casos donde el acto reclamado continúa produciendo efectos mientras se desarrolla el juicio. Cuando esos efectos pueden ocasionar daños irreparables, omitir la solicitud de suspensión puede volver inútil una eventual sentencia favorable.
Basar la demanda únicamente en argumentos de legalidad
El juicio de amparo protege derechos constitucionales. Por ello, además de señalar irregularidades legales, resulta indispensable explicar de qué manera el acto reclamado vulnera derechos humanos o principios reconocidos por la Constitución.
Checklist, ¿Conviene promover un amparo en tu caso?
Antes de acudir al juicio de amparo, verifica los siguientes puntos:
- Existe un acto, ley u omisión que afecta directamente tus derechos.
- La afectación proviene de una autoridad o de un particular con funciones equivalentes.
- El acto continúa produciendo efectos jurídicos.
- El plazo para promover el amparo sigue vigente.
- Ya agotaste los recursos ordinarios cuando la ley así lo exige o existe una excepción al principio de definitividad.
- Puedes acreditar la afectación personal o el interés legítimo.
Si la mayoría de estas respuestas son afirmativas, es posible que el juicio de amparo sea el medio de defensa adecuado. No obstante, cada asunto requiere un análisis jurídico individual para determinar la procedencia y la estrategia procesal más conveniente.
Conclusión sobre cuando se puede promover el amparo
Saber cuándo conviene promover un amparo implica mucho más que identificar una actuación injusta de la autoridad.
El juicio de amparo constituye un mecanismo constitucional diseñado para proteger derechos humanos frente a leyes, actos u omisiones que vulneran la esfera jurídica de las personas. Sin embargo, su éxito depende de presentar la demanda en el momento oportuno, elegir correctamente la vía procedente y cumplir con los requisitos establecidos por la Ley de Amparo.
Antes de iniciar este procedimiento conviene analizar si existe una afectación constitucional, verificar si deben agotarse previamente otros medios de defensa, revisar cuidadosamente los plazos legales y valorar la necesidad de solicitar la suspensión del acto reclamado.
Una estrategia adecuada desde el inicio puede evitar errores procesales y aumentar significativamente las posibilidades de obtener una protección efectiva por parte del Poder Judicial de la Federación.
Preguntas frecuentes sobre cuándo conviene promover un amparo
¿Cuándo conviene promover un amparo?
Cuando una autoridad o un particular con funciones equivalentes vulnera derechos humanos mediante una ley, un acto o una omisión que afecta directamente la esfera jurídica del gobernado y se cumplen los requisitos previstos por la Ley de Amparo.
¿Siempre debo agotar otros recursos antes del amparo?
No. Como regla general sí opera el principio de definitividad, pero existen diversas excepciones previstas por la Ley de Amparo, especialmente cuando los recursos ordinarios no resultan eficaces o el acto puede producir daños irreparables.
¿Cuál es el plazo para promover un juicio de amparo?
En términos generales, el plazo es de quince días hábiles, aunque existen múltiples excepciones dependiendo del tipo de acto reclamado y de la materia del asunto.
¿Qué diferencia existe entre el amparo directo y el indirecto?
El amparo directo procede contra sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio. El amparo indirecto protege frente a leyes, actos de autoridad, omisiones y diversos actos que afectan derechos antes de que exista una resolución definitiva.
¿Puedo solicitar que el acto reclamado se suspenda?
Sí. Cuando se cumplen los requisitos legales, el órgano jurisdiccional puede conceder la suspensión del acto reclamado para evitar que la afectación continúe mientras se resuelve el juicio.
¿El juicio de amparo es gratuito?
Sí. El trámite ante el Poder Judicial de la Federación no genera el pago de impuestos o derechos judiciales. No obstante, el promovente puede contratar un abogado particular o solicitar la asistencia de la Defensoría Pública Federal cuando reúna los requisitos correspondientes.